Resumen: La Sala confirma la sentencia del Juzgado, rechaza la revisión de los hechos, porque incluyen una valoración subjetiva que relacione el proceso de incapacidad temporal con la actuación empresarial lo no se infiere de la documental médica más allá de las meras manifestaciones de la parte recurrente y por último en lo que se refiere a la inclusión de un nuevo hecho probado sexto se pretenden incluir conceptos y valoraciones predeterminantes del fallo, razonando que lo cierto es que la juzgadora de instancia valorando toda la prueba practicada en el acto del juicio oral llega a la conclusión de que no ha existido trato vejatorio alguno hacia el actor por parte empresarial y que tampoco existen incumplimientos contractuales que justifiquen la resolución del contrato, no ha existido incumplimiento empresarial en cuanto al salario y las comisiones una vez producida la subrogación empresarial, sin que se constate retraso alguno susceptible de ser considerado como incumplimiento grave empresarial así como que no consta acreditada modificación de jornada de trabajo ni obligación empresarial de realizar prácticas comerciales de dudosa legalidad que por lo demás no han quedado determinadas ni acreditadas y en cuanto a la sanción impuesta por la empresa se encuentra impugnada judicialmente sin que exista una relación directa entre aquella y una situación de acoso moral como pretende la parte recurrente.
Resumen: Se reconoce a la demandante que es ATS/DUE en el servicio de Hospitalización de la planta Covid la prestación de riesgo durante el embarazo, porque se acredita un riesgo por el médico responsable de vigilancia de la salud y la Dirección de Enfermería del HOSPITAL ha comunicado la imposibilidad de proceder a un cambio de puesto de trabajo para evitar dicho riesgo; de otro lado, se desestima la incompatibilidad alegada en el recurso respecto al subsidio de incapacidad temporal y ello porque el que se solapen en el tiempo ambas situaciones no se encuentra regulado, por lo que la instancia no ha infringido normativa alguna. Se reproduce una sentencia previa sobre riesgos en la misma situación. La revisión de los hechos se desestima por considerar que es irrelevante.
Resumen: La actora no renovó en tiempo oportuno su marca y se declaró caducada y solicitado el restablecimiento fue denegado por la OEPM. Recurre la resolución solicitando en la demanda que se anule. La institución legal que permite la restitución o el restablecimiento de derechos del art. 25 LM tiene como finalidad permitir al titular recuperar su derecho cuando aunque ha actuado con la debida diligencia, alguna circunstancia excepcional le ha impedido cumplir el plazo y ha perdido por ese motivo el derecho, siendo una posibilidad excepcional y que debe ser interpretada de forma estricta por imponerlo así la seguridad jurídica. No puede confundirse el plazo legal para renovar la marca con el plazo para el restablecimiento de derechos, en aquel, de haberse superado y con determinadas circunstancias concurrentes se puede solicitar el restablecimiento del derecho, pero en éste, si se solicita fuera del plazo legal, no puede justificarse la dilación por circunstancias excepcionales, pues el restablecimiento del derecho debe solicitarse dentro del plazo concedido que no es prorrogable.
